Ciudad de Letras

Llama la atención la vehemencia y apasionamiento que los sectores afines al régimen usurpador emplearon al oponerse en su momento, a la consulta popular directa que pretendía realizar el gobierno constitucional de Manuel Zelaya Rosales, y que les indujo a derrocarle, y que ahora emplean para llamar al pueblo a que “vote masivamente por Honduras”, “Defienda su derecho a participar en la fiesta cívica” o “Haga valer su soberanía”. Se colige fácilmente que así como antes estos sectores tuvieron terror de que el pueblo se expresara con libertad exigiendo cambios fundamentales en el sistema político actual, hoy temen no poder encubrir con estas votaciones las acciones delictivas cometidas antes, durante y después de la ejecución del golpe de estado del 28 de junio. De ahí que las hayan rodeado de todas las “seguridades”, dándole un papel prioritario a la participación de los cuerpos armados: policía, fuerzas militares y reservistas del ejercito, al tiempo que han puesto sobre alerta a los entes de “justicia” para ejecutar acciones “preventivas!.

Infortunadamente en Honduras el embuste, la defraudación y el uso de la fuerza, han sido tadicionalmente procedimientos comunes en el sistema político y, consecuentemente, en los comicios electorales que lo sustentan y consolidan. El fraude y la manipulación de las leyes han sido utilizados históricamente no sólo en el momento en que se realizan los comicios o a la hora de contar los votos. Todo es un círculo vicioso que arranca desde la elección de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral, sigue con las llamadas elecciones primarias y desemboca en las elecciones generales. No hay que olvidar que en este proceso simbiótico los comicios alimentan al sistema y éste a su vez alimenta los comicios, dentro de unas reglas establecidas como inamovibles para que den los resultados esperados.

En el momento actual, bajo la tutela de un gobierno usurpador, el proceso aparece moteado con violaciones a las libertades ciudadanas, a la libertad de prensa y opinión, a los derechos humanos en general, y con el aditamento de una participación militar prioritaria, excesiva y ostentosa,orientada a exhibir poder e infundir miedo. Como si el régimen de facto se estuviese jugando su última carta en estas votaciones, lo cual no es totalmente exacto.

La constitución hondureña le otorga a cada ciudadano, hombre o mujer, el derecho a elegir y ser electo, pero tal derecho, como ocurre con otros garantizados en teoría por la más alta ley de la república, son en la práctica meras declaraciónes líricas, ilusorias. A lo largo de nuestra historia las cúpulas de los dos principales partidos, y más recientemente las dirigencias de algunos de los partidos nuevos, han ido consolidando un sistema político y electoral cerrado a la auténtica participación ciudadana. Aunque al hondureño le agrada votar, sobre todo sin presiones, siempre se le ha conminado para que “participe en la fiesta democrática” o que “ejerza su derecho a participar”, pero en el entendido de que esa participación se reduce al acto de votar, y de ningún modo al de ejercer algún grado de poder o control sobre las decisiones posteriores al evento. El pueblo debe votar únicamente, eligiendo a unos fulanos que después le mirarán con menosprecio, harán befa de sus derechos y necesidades o simple y llanamente las ignorarán. Finalizado el período para el que fueron electos, concentrarán sus energías en mantenerse en sus cargos, desde los que obtienen abundantes canonjías, actuando como obsecuentes servidores de los dueños de los partidos políticos, los que a su vez, responden prioritariamente a los intereses de las personas o grupos económicos que financian las campañas electorales para hacerse después con el derecho de usufructuar en exclusiva los recursos de la nación.

Dice también la constitución hondureña que la soberanía reside en el pueblo del cual dimanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. Pero en el sistema político hondureño, el acto de votar no establece un vínculo o compromiso ni moral ni ético entre el votante y quien recibe su voto. De hecho, la mayoría de los ciudadanos hondureños no tenemos representante en el Congreso, aunque hayamos elegido a alguno o algunos, porque sencillamente ellos no se sienten en manera alguna obligados a responder- ni legal ni éticamente- ante sus electores, como ocurre en naciones de más alto desarrollo político y cultural.

Esto ocurre primordialmente con los diputados al Congreso Nacional. Si un diputado actúa en oposición a los intereses del pueblo o de la nación, no debe preocuparse por ello si tiene la ruindad y el servilismo requeridos por las cúpulas políticas o por quienes manejan esas cúpulas bajo la sombra. Hay muchos casos de supuestos representantes del pueblo que están en el Congreso como resultado de maniobras fraudulentas, a la que luego se les da visos de legalidad. Los que tal hacen, saben que el pueblo carece de recursos reales y efectivos para hacer valer su derecho, porque ellos –los ejecutores de las acciónes ignominiosas- son los que eligen los entes institucionales de justicia y lo hacen con el mismo cálculo y perfidia, preservando sus intereses y los del sistema, garantizando su impunidad y dejando en la indefensión al pueblo. Así que no importan las protestas o reclamos, por justos que sean, las cosas siempre se arreglarán a altos niveles de poder.